Hanoi (VNA) La racionalización del aparato estatal y la puesta en marcha de un modelo de gobierno local de dos niveles avanzan con urgencia y rigor desde el nivel central hasta las bases. Las reformas legales en curso buscan una mayor descentralización de competencias, una gestión más eficiente de los bienes públicos y un impulso a la transformación digital, con el objetivo de facilitar el acceso de la ciudadanía a la información, clarificar responsabilidades dentro de la administración y reforzar el ejercicio real de los derechos ciudadanos.
En este contexto, las elecciones de diputados de la XVI Legislatura de la Asamblea Nacional y de los Consejos Populares en todos los niveles para el período 2026-2031 adquieren un significado especial. Será la primera vez que se celebren bajo el nuevo modelo administrativo, que implica un ámbito de gestión más amplio y mayores exigencias para los representantes electos.
Durante la 55.ª sesión del Comité Permanente de la Asamblea Nacional, se debatieron las reformas de la Ley de Notariado, la Ley de Asistencia Jurídica y la Ley de Acceso a la Información. Las modificaciones no se limitan a ajustes técnicos, sino que buscan concretar la política del Partido en materia de descentralización y construcción de un Estado de derecho socialista transparente, abierto y centrado en el ciudadano.
En el caso de la Ley de Notariado, el proyecto propone transferir al presidente del Comité Popular provincial la autoridad para reconocer la equivalencia de la formación notarial obtenida en el extranjero, así como para nombrar, renovar o destituir a los notarios, competencias que antes correspondían al Ministerio de Justicia.
Además, algunas disposiciones sustituyen la unidad administrativa distrital por la comunal, en consonancia con el modelo de dos niveles. Los procedimientos notariales también se simplifican, combinando métodos tradicionales con aplicaciones digitales y avanzando hacia el notariado en línea para facilitar el acceso de los ciudadanos a los servicios.
Por su parte, las enmiendas a la Ley de Acceso a la Información refuerzan la responsabilidad de los organismos estatales en la provisión de datos públicos y definen con mayor claridad qué información puede o no ser consultada por los ciudadanos. Los Comités Populares de nivel comunal deberán proporcionar únicamente la información que generen, de acuerdo con los principios de descentralización y responsabilidad institucional.
Paralelamente a las reformas legales, el Gobierno ha puesto el foco en la ejecución. El Despacho Oficial Nº 19/CĐ-TTg exige mejorar la gestión, reorganización y aprovechamiento de los bienes públicos tras la reestructuración administrativa. La directiva es clara: evitar el deterioro o el desperdicio de edificios y terrenos sobrantes, completar en un plazo de 30 días los procedimientos de asignación o transferencia de activos y revisar las superficies que superen los estándares para redistribuirlas entre organismos que puedan utilizarlas de forma eficiente. También se refuerzan los mecanismos de inspección y supervisión para prevenir pérdidas o mal uso de recursos públicos.
Estas medidas forman parte de la “revolución para racionalizar el aparato estatal”, un proceso que el secretario general del Partido To Lam ha señalado repetidamente como clave para mejorar no solo la estructura, sino también la calidad del funcionamiento de la administración.
En la misma línea, el primer ministro Pham Minh Chinh afirmó durante un encuentro con la Academia Nacional de Administración y Gobernanza Pública que la gestión administrativa es el eslabón central que convierte las políticas del Partido y las leyes del Estado en resultados concretos de desarrollo. La reforma ha reducido el modelo administrativo nacional de cuatro niveles a tres y busca mejorar la calidad de los funcionarios, especialmente en las bases. El nuevo modelo de gobierno local exige cuadros con mayor capacidad de gestión, ejecución y adaptación a la transformación digital.
En este escenario, las elecciones de 2026 adquieren un papel crucial. Más de 73 millones de votantes han sido registrados en 72.195 centros de votación. El Consejo Electoral Nacional ya ha emitido los documentos necesarios conforme a la legislación vigente.
Durante una inspección en la ciudad norteña de Hai Phong, el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, subrayó la necesidad de revisar cuidadosamente los grupos de votantes especiales para garantizar que nadie quede excluido del proceso electoral. También pidió extremar la atención en cada etapa para evitar errores, señalando que herramientas tecnológicas como la aplicación VNeID son solo un apoyo, mientras que la responsabilidad humana sigue siendo el factor decisivo.
A nivel central, las autoridades insisten en reforzar el liderazgo político y el control de cada fase del proceso electoral. A nivel local, los equipos de votación reciben capacitación detallada para estandarizar los procedimientos de votación y escrutinio y garantizar transparencia.
En paralelo, varias localidades avanzan en la aplicación de las reformas. En Hanoi, el presidente del Comité Popular municipal, Vu Dai Thang, anunció medidas para resolver cinco problemas estructurales: congestión del tráfico, contaminación ambiental e inundaciones, violaciones urbanísticas y del uso del suelo, y seguridad alimentaria. La capital impulsa además la transformación digital, la transparencia en la planificación urbana y una gestión más estricta del presupuesto, con el objetivo de alcanzar un crecimiento económico de dos dígitos entre 2026 y 2031.
En la provincia central de Ha Tinh, la reorganización administrativa redujo 209 comunas y distritos a 69 unidades. Tras más de medio año de funcionamiento, el modelo de gobierno local de dos niveles se ha estabilizado. La provincia ha reforzado las bases con más de 100 funcionarios provinciales, modernizado el Centro de Servicios Administrativos Públicos y ampliado los servicios públicos en línea.
Las autoridades locales prevén continuar evaluando el funcionamiento del sistema, clarificar la distribución de competencias y promover una gestión administrativa moderna basada en la transformación digital.
En conjunto, estas iniciativas reflejan el objetivo central de la reforma: una administración más compacta, con responsabilidades claras, funcionarios mejor capacitados y elecciones organizadas con rigor para elegir representantes capaces de responder a las demandas de la ciudadanía.
Aunque persisten desafíos - como garantizar la supervisión en los procesos de descentralización, la seguridad en la transformación digital y la transparencia en la gestión de bienes públicos-, las autoridades confían en que, con la coordinación entre el nivel central, los ministerios, las autoridades locales y el respaldo de la población, el modelo de gobierno local de dos niveles seguirá consolidándose.
Un aparato estatal más ágil, eficiente y orientado al servicio público se perfila, así como uno de los pilares para impulsar un desarrollo rápido y sostenible del país en la nueva etapa./.
